En sendas
sentencias emitidas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de fecha 30 de abril y del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, el
Ayuntamiento de Alcorcón es condenado de nuevo por el despido improcedente de
23 trabajadores/as.
En la primera
sentencia, se ratifica la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 2
bis de Móstoles, de fecha 20 de octubre de 2014, desestimando por tanto el
recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Alcorcón. En la
misma, se confirman todos y cada uno de los autos emitidos por dicho juzgado,
sumando el importe total de las indemnizaciones y salarios de tramitación de
los 6 trabajadores/as afectados, un importe de 59.740,156 euros, además de condenar a costas con otros 500 euros a
cada uno de los letrados que impugnó el recurso.
Más sangrante
es, si cabe, el caso de la segunda sentencia. En ella, se estiman las demandas
interpuestas por 17 colaboradores sociales, que prestaron servicios para el
Ayuntamiento de Alcorcón desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de marzo de
2014, en las categorías de peón de jardinería, conserje y albañil.
La sentencia
desmonta sin lugar a dudas todos los pueriles argumentos esgrimidos por el
Ayuntamiento para intentar “justificar” la prestación de los servicios por
estos trabajadores/as, quedando perfectamente acreditado que “han venido desarrollando la actividad
ordinaria de la administración demandada, de forma idéntica a la realizada por
trabajadores de las categorías profesionales llevadas a los hechos probados
para cada uno de los demandantes.”
Tras desarrollar
exhaustivamente los distintos Fundamentos de Derecho, el fallo concluye: “Todo ello lleva a afirmar que el contrato
de colaboración no es tal, y que por tanto la relación que surgió entre
ayuntamiento y demandantes es de naturaleza laboral, constituyendo un verdadero
despido improcedente su extinción por el ayuntamiento.”
A más
abundamiento, el Fundamento de Derecho Cuarto estima que “la declaración de improcedencia del despido…….….., comporta
necesariamente la readmisión de todos
los trabajadores, que deberá tener lugar abonando el ayuntamiento los
salarios que los trabajadores dejaron de percibir desde la fecha del despido, y
hasta la de su efectiva readmisión.” Es decir, no cabe indemnización alguna
y los trabajadores tendrán que incorporarse a la plantilla municipal,
abonándoles un total de 395.266.82 euros,
más seguros sociales, en el caso de que la incorporación se produzca el 31
de mayo.
La suma de las
dos cantidades hace un montante de 454.736,98
euros, sin incluir las costas y los seguros sociales, que, una vez más,
saldrá de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Alcorcón. Ni el alcalde
David Pérez ni ningún miembro de su equipo de gobierno, que aprobaron tal
despropósito, tendrán responsabilidad alguna, siendo de nuevo la ciudadanía la
que tenga que asumir el dislate de gestión del Partido Popular de Alcorcón.
Un último regalo
envenenado de David Pérez a sus vecinos/as antes de abandonar la alcaldía de
Alcorcón, algo que esperamos y deseamos se produzca, por el bien de vecinos/as,
trabajadores/as y colectivos de Alcorcón. Confiamos en la responsabilidad de
los ciudadanos/as de Alcorcón para poder quitarnos esta lacra que ha sido el
desgobierno del Partido Popular en estos cuatro años.
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